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Medidas de Trump sobre ciudadanía enfrentan rechazo judicial

Un magistrado federal en Seattle dictó una orden de restricción temporal que impide la implementación de una orden ejecutiva reciente emitida por el exmandatario Donald Trump. Esta medida buscaba restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, provocando una fuerte controversia y una amplia oposición por parte de organizaciones de derechos civiles, fiscales generales y varios estados dirigidos por demócratas.

Un juez federal de Seattle emitió una orden de restricción temporal que bloquea la aplicación de una reciente orden ejecutiva promulgada por el expresidente Donald Trump. La medida pretendía limitar el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, lo que generó una intensa polémica y un amplio rechazo entre grupos de derechos civiles, fiscales generales y varios estados liderados por demócratas.

La orden ejecutiva intentaba impedir que los hijos de individuos en situación irregular o con visas temporales, nacidos en territorio estadounidense, adquirieran la ciudadanía automáticamente, a menos que uno de sus progenitores fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Esta política, denominada «Protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense», cuestionaba de forma directa la tradicional interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución, que asegura la ciudadanía por nacimiento.

Bases constitucionales

La 14ª Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868 después de la Guerra Civil, declara que «todos los individuos nacidos o naturalizados en Estados Unidos, y bajo su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que habitan». Este principio ha sido reafirmado en fallos previos del Tribunal Supremo, como el caso de 1898 que ratificó la aplicación de la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes.

Diversos grupos, incluidos 22 fiscales generales estatales y diferentes organizaciones de derechos civiles, calificaron de inmediato la orden ejecutiva como inconstitucional. Argumentaron que el presidente carece de potestad para modificar o derogar una enmienda constitucional.

La orden ejecutiva fue inmediatamente catalogada como inconstitucional por diversos grupos, incluidos 22 fiscales generales estatales y varias organizaciones de derechos civiles, que argumentaron que el presidente no tiene la autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional.

El magistrado federal John Coughenour, al dictar su orden de restricción, describió la medida de Trump como «abiertamente inconstitucional». La querella presentada en Seattle fue promovida por los estados de Arizona, Illinois, Oregón y Washington, quienes afirman que la orden infringe derechos esenciales y podría tener un impacto considerable en las jurisdicciones locales, como la pérdida de financiación federal para programas infantiles.

Asimismo, una coalición de 18 estados interpuso una demanda similar en Massachusetts, argumentando que la orden no solo infringe los derechos constitucionales de miles de niños, sino que también impone costos injustos a las localidades involucradas.

Trasfondo histórico y legal

La ciudadanía por nacimiento ha sido un principio esencial en Estados Unidos desde la adopción de la 14ª Enmienda. La enmienda fue creada para asegurar que los afroamericanos liberados tras la abolición de la esclavitud fueran reconocidos como ciudadanos plenos. Desde entonces, ha sido un componente clave de la identidad constitucional del país.

Aunque en su primer mandato Trump había amenazado con tomar medidas para restringir este derecho, nunca las llevó a cabo. La reciente orden ejecutiva representa el primer intento formal de limitar este principio a través de una acción directa desde el Ejecutivo, generando una serie de reacciones legales y políticas.

La discusión sobre la ciudadanía por nacimiento

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento

Consecuencias a futuro

Implicaciones futuras

El fallo del juez Coughenour marca el inicio de lo que se anticipa será una larga batalla legal en torno a la interpretación y aplicación de la 14ª Enmienda. A medida que las demandas avancen en el sistema judicial, se espera que el caso llegue eventualmente al Tribunal Supremo, donde se determinará la constitucionalidad de esta controvertida medida.

La decisión del tribunal de Seattle refleja el compromiso continuo de los estados y grupos de derechos civiles por defender los principios constitucionales establecidos y proteger los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos. Mientras tanto, la política de Trump sigue siendo objeto de un intenso debate nacional, con implicaciones profundas para la identidad y los valores democráticos del país.

By AGAUTAFD

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